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Hay fallos que no solo indignan por su contenido, sino por la desconexión absoluta que demuestran con la realidad de la calle. La reciente resolución de la jueza Andrea Fabiana Centonze, en la causa de un trabajador contra la empresa Granja Tres Arroyos, es una bofetada en la cara de cualquier ciudadano de a pie que crea que la Justicia está para proteger al más débil.
Pónganse en los zapatos de este hombre por un segundo. Desempleado. Único sostén de una hija menor. Sin ingresos. Con el alquiler venciendo y la soga al cuello. El tipo hizo todo bien: fue a juicio, llegó a un acuerdo y esperó. Pero la empresa, con esa soberbia que solo otorga el poder económico, decidió no pagar. Incumplió una, dos veces. Se llamó a silencio.
Ante la desesperación, el trabajador acude al tribunal pidiendo algo básico: justicia. Pide que se habilite la feria judicial para que el acuerdo se cumpla, porque su hija tiene la mala costumbre de querer comer todos los días, incluso en enero.
¿Cuál fue la respuesta de la magistrada? Un «espere a febrero» envuelto en tecnicismos gélidos.
Lo que más me revuelve el estómago es el argumento utilizado. La jueza sostiene que, como casi todos los juicios laborales tienen «carácter alimentario», no se puede hacer una excepción porque se «desnaturalizaría» la feria judicial. Es decir, bajo esta lógica perversa, como hay tantos trabajadores con hambre, el hambre de este hombre deja de ser urgente. Como la vulnerabilidad es moneda corriente en los tribunales del trabajo, la vulnerabilidad de una criatura que puede quedar en la calle ya no es un «daño irreparable».
Es una confesión de parte escalofriante: la Justicia admite que la miseria es el trámite ordinario y, por ende, puede esperar.
¿A quién protege realmente este criterio restrictivo? No al trabajador, eso seguro. Protege la comodidad del receso judicial y, de paso, le da aire a las empresas incumplidoras. Porque mientras el obrero cuenta los centavos para llegar a febrero, la empresa en este caso Granja Tres Arroyos se financia con el dinero que le robó a un desocupado, sabiendo que el brazo de la ley está de vacaciones.
Para la jueza Centonze, ejecutar una deuda en enero «desnaturaliza» la feria. Yo le preguntaría: ¿Qué es lo que realmente está desnaturalizado? ¿El descanso de los funcionarios o un sistema que se dice «de Justicia» pero le cierra la puerta en la cara a un padre que no tiene cómo alimentar a su hija?
La burocracia judicial ha perdido la brújula moral. Mientras los expedientes duermen en escritorios refrigerados, la realidad no se detiene. El alquiler no espera a febrero, los estómagos no saben de reglamentos y la dignidad humana no debería tomarse vacaciones. Es hora de que dejen de mirar para otro lado y entiendan que, cuando el derecho es alimentario, la demora no es una «cuestión de agenda», es una crueldad.
