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Por: Redacción Cedelu Noticias
La captura de Nicolás Maduro, lejos de inaugurar la primavera democrática que muchos venezolanos soñaron, ha dado paso a un invierno de control social asfixiante bajo un marco jurídico tan difuso como peligroso. Desde este lunes 5 de enero de 2026, el denominado “Estado de Conmoción Exterior” ha convertido las calles de Caracas en un laboratorio de vigilancia donde el ciudadano ha dejado de serlo para convertirse en sospechoso.
El decreto, publicado con una desprolijidad institucional alarmante —firmado por un Maduro ya capturado el mismo día que el Tribunal Supremo designaba a Delcy Rodríguez como presidenta encargada—, es la herramienta perfecta para perpetuar el control. Bajo la excusa de la «agresión externa», el nuevo régimen ha militarizado la industria petrolera, los servicios públicos y, lo que es más grave, la privacidad de las personas.
La requisa del pensamiento: el celular como prueba
Los retenes en Caracas ya no solo buscan armas o documentos; buscan bytes. Los reportes de ciudadanos obligados a entregar sus teléfonos para que agentes de seguridad revisen audios, fotos o mensajes de apoyo a la intervención extranjera son la prueba de que el cambio de mando no ha significado un cambio de métodos.
La «paz» que prometió Diosdado Cabello en su mensaje de medianoche, rodeado de fusiles de asalto, se parece demasiado al terror del pasado. Detener a transeúntes por lo que dicen en un grupo de WhatsApp no es una medida de seguridad nacional; es una medida de disciplinamiento social.
El periodismo bajo fuego y la «Democracia de Fachada»
Si la libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática, como bien señala EditoRed, Venezuela hoy arde en fiebre. La detención y posterior liberación de 14 periodistas —la mayoría corresponsales internacionales— y la expulsión sumaria del cronista de CNN, Stefano Pozzebon, demuestran que el gobierno interino de Rodríguez no tolera testigos.
La prohibición de transmitir en vivo y la revisión forzada de cámaras y equipos de prensa buscan apagar la luz sobre un proceso de transición que nace viciado. Al declarar el estado de excepción, el Ejecutivo se ha otorgado facultades para suspender manifestaciones y requisar bienes, amparándose en una Constitución que parecen citar solo cuando les sirve para justificar el uso de la fuerza.
¿Soberanía o ruptura del orden?
El gobierno interino justifica estas medidas como un acto de soberanía frente a Estados Unidos. Sin embargo, la comunidad internacional observa con espanto cómo se violan sistemáticamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Carta Democrática Interamericana.
Ignorar que la libertad de expresión es el pilar de cualquier transición real no es defender a la patria; es construir una nueva autocracia. El drama venezolano ha sumado un nuevo capítulo: el dictador ha caído, pero la dictadura parece haber aprendido a reciclarse bajo un estado de excepción que promete durar mucho más que los 90 días firmados en el papel.
Sin periodismo libre y con las Fuerzas Armadas patrullando cada esquina en busca de «traidores», Venezuela no está transitando hacia la libertad, sino hacia un nuevo modelo de tutela autoritaria donde el control estatal ya no tiene límites.
