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Resulta llamativo, por no decir paradójico, observar la celeridad con la que el peronismo entrerriano ha redescubierto el valor de la coparticipación. Este lunes, un nutrido grupo de legisladores del PJ, encabezados por el senador Adán Bahl y figuras como Gustavo Bordet, Guillermo Michel, Blanca Osuna y Marianela Marclay, solicitaron con urgencia una audiencia al gobernador Rogelio Frigerio. ¿El motivo? El «grave impacto» que la reforma laboral nacional tendría sobre las arcas provinciales.
Según el planteo del bloque, el artículo 191 del proyecto de Modernización Laboral reduciría las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría que Entre Ríos y sus municipios dejen de percibir unos $81.265 millones durante este 2026. Los números, presentados con precisión técnica por Michel y compañía, hablan de una pérdida mensual de casi $6.800 millones.
Sin embargo, detrás de la solidez matemática surge una duda razonable sobre la coherencia política. Muchos de los firmantes de este pedido de audiencia formaron parte de gestiones nacionales y provinciales que, durante años, guardaron un silencio sepulcral mientras el centralismo porteño asfixiaba los recursos del interior.
Cuesta recordar reclamos de similar vehemencia cuando, bajo gobiernos de su propio signo, la caja nacional se quedaba con excedentes de Salto Grande o cuando se creaban impuestos «no coparticipables» que desfinanciaban a Entre Ríos a plena luz del día. En aquel entonces, la disciplina partidaria pesaba más que el presupuesto de los municipios entrerrianos. Hoy, desde la vereda de la oposición, la sensibilidad por el federalismo fiscal parece haber florecido de la noche a la mañana.
Es lícito que los legisladores defiendan los recursos de la provincia; es su deber. Pero el planteo de Bahl, Bordet y los diputados nacionales suena más a una estrategia de desgaste político hacia Frigerio que a una preocupación genuina por la sostenibilidad financiera. Intentan arrinconar al Gobernador para que tome una posición pública contra el Gobierno Nacional, olvidando que la crisis de recursos que hoy atraviesan las provincias es, en gran medida, la herencia de un sistema de parches que ellos mismos ayudaron a construir.
El PJ ahora proyecta con decimales la caída del PBI y la baja de recaudación de las sociedades. Hubiera sido interesante ver esa misma rigurosidad técnica para defender a Entre Ríos cuando el poder central, al que respondían sin cuestionamientos, recortaba fondos de manera discrecional.
La audiencia con Frigerio se solicita bajo el lema de «analizar alternativas en conjunto». Habrá que ver si el peronismo está dispuesto a proponer soluciones reales o si solo busca utilizar los números de 2026 para maquillar un olvido de años: el de que Entre Ríos siempre debe estar por encima de los intereses de cualquier partido.
