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Por la Redacción (Cdelu Noticias)
En este medio nos toca, con una frecuencia que preferiríamos evitar, cubrir el minuto a minuto de tragedias que destrozan familias enteras. Historias como las de Juan Orrico o el pequeño Jeremías Aguiar no solo dejan un vacío irreparable, sino que activan un reclamo sistemático en la sociedad: «¿Por qué no le dan 20 años?», «¿Por qué no cadena perpetua?».
La respuesta es tan fría como el papel en el que está escrita: la justicia no falla por indignación, sino por el Código Penal.
La barrera de los 6 años
En Argentina, el artículo 84 bis es el que rige estas condenas. Para la ley, estos casos son homicidios culposos (sin intención de matar), lo que establece un techo de pena mucho más bajo que un homicidio doloso.
Hoy, la pena máxima por un accidente con agravantes es de 6 años de prisión. Por más que exista una fuga, un nivel de alcohol en sangre escandaloso o un exceso de velocidad evidente, el juez tiene las manos atadas a ese límite. Aunque existen reformas en discusión para elevar estos montos a 8 o 12 años en casos múltiples, la realidad actual es que el margen de maniobra legal es estrecho.
Dos espejos de una misma tragedia
Los casos recientes en nuestra provincia exponen esta brecha entre el dolor y la ley:
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El caso Orrico: Un exfuncionario al volante de un vehículo oficial con 1,52 gr/l de alcohol en sangre, circulando presuntamente a 150 km/h. Cuatro trabajadores que iban a cumplir su turno en el frigorífico perdieron la vida. La contundencia del impacto y la irresponsabilidad previa son totales, pero el marco legal sigue siendo el mismo: homicidio culposo agravado.
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El pequeño Jeremías: Un niño de apenas 3 años embestido en el barrio Cantera 25 por un conductor, de apellido Luna, también bajo los efectos del alcohol. Aquí la tragedia suma el componente de la inmediatez y la vulnerabilidad absoluta de una criatura.
¿Es hora de cambiar la ley?
Muchos ciudadanos sostienen que conducir con niveles altos de alcohol o a velocidades extremas debería considerarse «Dolo Eventual» (entender que se puede matar y despreciar ese resultado), lo que elevaría las penas a un rango de 8 a 25 años. Sin embargo, la jurisprudencia argentina sigue siendo reticente a esta interpretación en accidentes viales.
La polémica no es contra los jueces, sino contra un sistema legislativo que parece haber quedado corto frente a la violencia vial. Mientras el Código Penal no se modifique, seguiremos asistiendo a sentencias que, a ojos de los familiares y de la sociedad, saben a muy poco. La ley es clara, pero ¿es justa? Esa es la discusión que nos debemos.
