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La entidad se presentó como «amicus curiae» ante el Superior Tribunal de Justicia para defender la Ley de Fitosanitarios de Entre Ríos. Aseguran que las restricciones judiciales de distancia carecen de sustento técnico y golpean la sostenibilidad económica.
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) escaló su postura en el conflicto judicial por la aplicación de agroquímicos en la provincia. En una reciente presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) bajo la figura de amicus curiae, la institución defendió la constitucionalidad de la ley vigente y alertó sobre las graves consecuencias productivas y sociales de los amparos que buscan ampliar las distancias de exclusión.
El presidente de la entidad, Héctor Bolzán, junto a autoridades de la Cooperativa La Ganadera, mantuvo un encuentro clave con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el secretario de Agricultura, Raúl Boc Ho, para entregar un informe técnico que traduce las hectáreas restringidas en términos de seguridad alimentaria.
El impacto en cifras: menos producción, menos alimentos
El reporte de la BolsaCER es tajante: la imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz debido a las restricciones judiciales (que proponen límites de hasta 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para aéreas) no es solo un golpe a la macroeconomía regional.
«No es solo un problema de cifras agrícolas; es un problema de seguridad alimentaria», señalaron desde la entidad. Según el análisis, ese volumen de grano equivale a la pérdida de más de 112.300.000 platos de comida, considerando los derivados esenciales de harinas de ambos cultivos.
Defensa de la Ley y cuestionamiento a los amparos
Desde la Bolsa recordaron que la ley actual no fue una decisión azarosa, sino el resultado de un proceso de cinco años de trabajo técnico iniciado en 2019 por orden del propio STJ. La norma recorrió las gestiones de Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio, incorporando aportes de la Comisión de Ambiente de Diputados y de diversos sectores sociales.
«La ley fue sancionada con un amplio consenso legislativo y basada en evidencia científica», destacaron. No obstante, las acciones de amparo recientes vinculadas a casos como Loteo Tierra Alta y Aldea Salto ponen en jaque el ordenamiento territorial al intentar imponer criterios que, según el agro, harían inviable la producción en amplias zonas rurales.
Hacia una convivencia equilibrada
La presentación institucional busca que el tribunal valore el esfuerzo normativo realizado y los mecanismos de resguardo que la ley ya contempla, los cuales aseguran superar los estándares científicos de seguridad.
Para la BolsaCER, la justicia debe evitar que la expansión residencial y las decisiones judiciales sin base técnica pongan en riesgo el sustento de millones de personas, abogando por una convivencia equilibrada entre el desarrollo urbano y la producción agroindustrial de la provincia.
