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Por (Milton Luaces ) para Cdelu Noticias –
Hay reacciones políticas que dicen mucho más que cualquier discurso. La del Partido Justicialista de Entre Ríos frente al proyecto para crear una comisión investigadora de la deuda pública provincial es una de ellas. Apenas apareció la iniciativa, desde el PJ salieron rápidamente a cuestionarla, a descalificarla y a advertir que “desconoce a los organismos de control”. Demasiada prisa, demasiado enojo. Y eso, inevitablemente, despierta preguntas.
No puedo evitar pensar que, cuando un sector político se muestra tan incómodo ante la posibilidad de investigar algo, tal vez no sea sólo una discusión técnica. Tal vez sea miedo a lo que pueda aparecer.
El PJ sostiene que no hace falta ninguna comisión porque la información ya está en los organismos de control: la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. También afirman que el endeudamiento provincial fue aprobado por la Legislatura y que todo está documentado. Puede ser cierto. Pero también es cierto que la historia reciente de la provincia obliga, como mínimo, a no aceptar esas explicaciones con ingenuidad.
Porque cuando se habla de control, transparencia y manejo de recursos públicos en Entre Ríos, es imposible no recordar el entramado de corrupción que envolvió a buena parte de la dirigencia justicialista durante años. El caso más emblemático es el del exgobernador Sergio Urribarri, condenado en la llamada megacausa de corrupción que investigó el desvío de fondos públicos durante su gestión. Una causa que todavía sigue generando ramificaciones judiciales.
Como si eso fuera poco, ahora aparece el capítulo de “Contratos Truchos 2”, otra investigación que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del Estado y la utilización de recursos públicos en estructuras políticas. Con ese antecedente tan fresco, cuesta entender por qué investigar la deuda provincial debería ser un problema.
A menos que alguien tema que, al revisar papeles, decisiones y operaciones financieras, aparezcan responsabilidades que todavía no están del todo claras.
El PJ también cuestiona la composición de la comisión porque tendría mayoría del oficialismo. Puede ser un punto debatible. Pero ese argumento pierde fuerza cuando quienes lo esgrimen vienen de décadas de manejo del poder provincial, muchas veces con mayorías legislativas propias y con organismos de control que, en la práctica, nunca lograron evitar escándalos monumentales de corrupción.
Entonces la pregunta vuelve a ser inevitable: si todo está tan claro, ¿por qué molesta tanto investigar?
Desde el justicialismo sostienen además que el verdadero debate debería centrarse en el endeudamiento que está tomando la actual gestión. Seguramente ese también es un tema válido y que merece análisis. Pero plantearlo como excusa para no revisar el pasado suena más a una maniobra defensiva que a una preocupación genuina por las finanzas públicas.
Porque en política, como en la vida, la transparencia no debería tener miedo al escrutinio. Si las cuentas están en orden, una comisión investigadora no debería representar ningún problema. Al contrario: podría servir para despejar dudas y cerrar discusiones.
Por eso, cuando escucho que no hace falta investigar, que todo ya está controlado y que se trata de una “escenificación política”, no puedo evitar sospechar que detrás de esas palabras hay algo más que un simple debate institucional.
Tal vez sea sólo una discusión política. O tal vez sea el temor de que, al tirar de algunos hilos, alguien más termine quedando pegado. Y en una provincia que ya conoce demasiado bien los costos de la corrupción, esa posibilidad explica muchas reacciones.
