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La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales marcó su postura ante una eventual reforma previsional. Exigen acceder al borrador del proyecto y advierten que la movilidad jubilatoria «no es una variable de ajuste fiscal».
La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos, institución con más de 76 años de trayectoria, emitió un contundente comunicado dirigido al Gobernador y a la Legislatura. Ante las versiones de una inminente reforma en el sistema de previsión social, la entidad plantó bandera en defensa de la Ley 8732/93.
Los puntos «no negociables» del sistema
Para la Federación, el sistema previsional es una política de derechos humanos y no un instrumento financiero. En este sentido, enumeraron los pilares que defenderán frente a cualquier intento de modificación:
- Mantenimiento del 82% móvil: Calculado sobre el salario bruto del trabajador activo.
- Cálculo del haber inicial: Preservar la metodología actual que garantiza una jubilación digna.
- Movilidad jubilatoria: Asegurar que los aumentos sigan el ritmo de los trabajadores en actividad.
- Representación directa: Ratificaron la importancia de la vocalía de los jubilados en el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Exigencia de transparencia: «El texto debe ser público»
Uno de los reclamos más firmes de la organización es el acceso a la información. Aunque reconocieron instancias de diálogo con el presidente de la Caja, calificaron de «inadmisible» que se difundan lineamientos generales en medios de comunicación sin que los beneficiarios conozcan el articulado concreto.
«Exigimos que se haga público de manera inmediata el texto base o anteproyecto de la reforma. Tomar decisiones sin nuestra participación sería profundamente antidemocrático», sentenciaron desde la entidad.
Un sistema solidario, no una caja de ahorro
La Federación subrayó que el régimen entrerriano es un sistema solidario de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional. Advirtieron que cualquier intento de «ajuste» impactará directamente en el desarrollo de las comunidades locales, dado el peso económico que los haberes tienen en el consumo interno de la provincia.
«No habrá sostenibilidad posible sin derechos, ni equilibrio legítimo si se construye sobre la vulneración de garantías adquiridas», concluye el documento, haciendo un llamado a la responsabilidad institucional de los legisladores y el Poder Ejecutivo.
Fuente: Con información de El Entre Ríos y comunicado oficial de la Federación Provincial
