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La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) atraviesa una profunda crisis institucional. Documentación interna revela un esquema de gastos de representación por 50 mil dólares mensuales para cargos «ad honorem», contrataciones dirigidas y proyectos millonarios que exceden las competencias del organismo binacional.
Por Redacción
La gestión de Raúl Luis Montero al frente de la delegación argentina en la CARU —organismo que administra los puentes internacionales Gualeguaychú–Fray Bentos y Colón–Paysandú— quedó en el centro de la tormenta. Pese a haber asumido con una promesa de austeridad según el Decreto 394/2025 del Boletín Oficial, la realidad administrativa muestra un panorama de privilegios y presunta corrupción.
Gastos de representación bajo la lupa
El punto más crítico de la denuncia señala que, mediante la Nota DACARU N° 52/2025, Montero solicitó que se depositaran cerca de 50.000 dólares mensuales en una cuenta del Banco Nación en Montevideo para «gastos de representación». La irregularidad reside en que los cuatro delegados argentinos cumplen funciones «ad honorem», lo que técnicamente les impide percibir este tipo de fondos.
A este flujo de efectivo se suma el uso de vehículos de alta gama, viáticos superiores a los 150 dólares diarios y alojamiento «todo incluido» en las sedes del organismo, financiados con la recaudación de los peajes que pertenecen a Argentina y Uruguay.
Asesores y contrataciones sospechosas
La investigación interna también pone el foco en el entorno del presidente:
- Contratación editorial: Se cuestiona la adjudicación de 50.000 dólares para la impresión de libros institucionales a una empresa de La Plata (ciudad de origen de Montero) cuyo rubro comercial no coincidiría con servicios editoriales.
- Asesores externos: Se señala a figuras como Alejandro Primus y Tamara Cerneaux por ejercer funciones operativas y contables sin pertenecer a la planta permanente, manejando presupuestos y licitaciones.
Conflictos binacionales
La tensión escaló cuando la delegación argentina propuso un convenio por 15 millones de dólares para repavimentar rutas provinciales en Argentina (como la Ruta 136) utilizando fondos de reserva de la CARU. La delegación uruguaya rechazó de plano la iniciativa, argumentando que el organismo no tiene facultades para financiar obras viales fuera de su jurisdicción binacional.
La gravedad de estos hechos, que incluyen traslados de dinero en efectivo a través de la frontera por parte de personal oficial, pone en duda la transparencia de la Cancillería Argentina en el control de sus organismos descentralizados.
