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Por: [Milton Luaces]
La reciente circulación de imágenes que muestran a cooperativistas en tareas de limpieza urbana ha reavivado un debate que Concepción del Uruguay no puede seguir postergando. Más allá de la anécdota de un grupo en receso junto a un camión, la cuestión de fondo es de carácter estructural y administrativo: ¿Estamos frente a un modelo de economía social genuino o ante una estructura de servicios tercerizada y carente de transparencia?
Es imperativo aclarar que esta reflexión no nace de un cuestionamiento al trabajador. Al contrario, es en defensa de su dignidad. El reconocimiento es total para quienes, como las mujeres del barrido, se arriesgan a altas horas de la noche cumpliendo su labor con compromiso, ganándose el sustento diario a fuerza de un sacrificio real bajo cualquier clima. El problema no es quien empuña la escoba; el problema es
la estructura que gestiona ese esfuerzo.
El cooperativismo, por definición, se basa en la autonomía. Sin embargo, en nuestra localidad, el fenómeno de las «cooperativas sociales» parece haber derivado en un monocultivo de servicios municipales. Llama la atención que la capacidad productiva de estas organizaciones sea nula fuera del ámbito del mantenimiento público. ¿Por qué no vemos cooperativas locales dedicadas a la fabricación de bienes como textiles, trapos de piso o elaboración de alimentos que compitan en el mercado abierto? La respuesta parece ser la comodidad del presupuesto público como único cliente, lo que desvirtúa la esencia de la autogestión.
Al indagar en la conformación de estas entidades, surgen interrogantes críticos sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios del sistema. Es frecuente encontrar nombres vinculados al entorno político, familiares o amigos del poder. Esto plantea una duda dolorosa: ¿Cuántas veces el fruto del trabajo y el sacrificio del cooperativista termina en manos de otros que solo gestionan el contrato desde un escritorio?
Este esquema genera una distorsión también para el empleado municipal de carrera, cuya función se desibuja ante una «municipalidad paralela» que opera como una caja negra. No hay claridad pública sobre cuánto percibe realmente el trabajador de base frente a lo que el Municipio factura a la entidad, ni quién ejerce una auditoría real sobre el manejo de esos fondos.
La transparencia es fundamental, especialmente cuando se utilizan recursos que pertenecen a todos los vecinos. La eficiencia no se mide solo por la cantidad de hojas recogidas, sino por la honestidad en el uso del dinero público. Si el Estado delega funciones básicas en estructuras cuya fiscalización es dudosa, se corre el riesgo de institucionalizar el clientelismo bajo el disfraz de «economía popular».
Es hora de exigir una rendición de cuentas clara. Por respeto a quienes trabajan día a día en la calle y por el derecho del ciudadano a saber a dónde van sus impuestos, el cooperativismo social debe dejar de ser un eufemismo para el favoritismo político y convertirse en una herramienta de progreso real y transparente.
