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Como ciudadano de Concepción del Uruguay, pero sobre todo como alguien que sigue de cerca la gestión pública, la noticia del Dictamen Nº 528 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia no me sorprende, pero sí me genera una profunda indignación. No estamos ante un error administrativo menor; estamos ante una desidia sistemática que hoy tiene un precio concreto: más de 14 millones de pesos que saldrán del bolsillo de los contribuyentes.
Lo que revela el informe de la Dirección Legal y de Gestión Ambiental es una radiografía del abandono. Resulta inadmisible que, en pleno 2025, el Centro de Tratamiento de Residuos de la Ruta 45 siga operando con piletas de lixiviados desbordadas hacia la vía pública y sin el sistema de celdas que exige la ley. Durante años, se nos ha hablado de «gestión sustentable», pero los papeles y el olor que emana del predio cuentan una historia muy distinta.
Lo más alarmante del dictamen no son solo las fallas técnicas, sino la soberbia institucional. Que el Municipio haya respondido apenas uno de los 25 requerimientos técnicos formulados es una falta de respeto no solo a la autoridad provincial, sino a cada vecino que confía en que sus desechos son tratados correctamente. ¿Cómo podemos exigirle a un ciudadano que recicle o que cuide el ambiente si el propio Estado local ignora sistemáticamente las intimaciones y opera con un Certificado de Aptitud Ambiental vencido?
Esta multa de 14,6 millones de pesos es el costo de la procrastinación. Es el resultado de intentar «emparchar» con propuestas alternativas lo que requiere inversión, técnica y, sobre todo, voluntad política. El dictamen es claro: se ha puesto en riesgo el entorno natural y la salud pública por no cumplir con la Ley Provincial Nº 10.611.
La advertencia de una posible clausura queda ahora flotando como una sombra sobre la ciudad. Si el municipio no reacciona de inmediato, el problema ya no será solo una multa millonaria, sino una crisis sanitaria y logística de proporciones inéditas.
Ya no hay margen para respuestas evasivas. La basura no se puede seguir barriendo bajo la alfombra, porque la alfombra en este caso, nuestra tierra y nuestras napas ya no aguanta más. Es hora de que el Ejecutivo Municipal asuma su responsabilidad, pague el costo de sus omisiones y, de una vez por todas, gestione nuestros residuos como una ciudad del siglo XXI merece.
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