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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Uruguay emitió un duro comunicado de prensa para manifestar su total rechazo ante las recientes declaraciones de las autoridades del Hospital Justo José de Urquiza. La cúpula del nosocomio había denunciado públicamente presuntos actos de «vandalismo y sabotaje» en el establecimiento, apuntando las sospechas hacia los propios empleados.
Desde el gremio estatal calificaron las afirmaciones oficiales como «irresponsables» y carentes de fundamentos. Según el sindicato que lidera Oscar Alberto Muntes, la dirección del hospital optó por generar «enemigos internos» a través de los medios de comunicación, con el único objetivo de esquivar el debate sobre el deterioro del sistema sanitario local y ocultar el descontento que generan sus propias determinaciones.
Denuncia de persecución sindical
Para ATE, lanzar acusaciones de tal magnitud sin pruebas concretas ni investigaciones judiciales finalizadas representa una estrategia «peligrosa, persecutoria y antidemocrática». El sindicato advirtió que estas acciones buscan infundir temor y estigmatizar a los trabajadores encargados de sostener la atención diaria del centro de salud, quienes ya sufren el impacto de salarios deprimidos, sobrecarga en sus tareas y escasez de personal.
El cruce de acusaciones coincide con una jornada nacional de protesta en el ámbito de la sanidad. El gremio remarcó que el hospital uruguayense arrastra deudas históricas con su planta de profesionales, administrativos y operarios de servicios generales, entre las que detallaron:
- Prolongaciones de jornadas laborales adeudadas.
- Adicionales salariales pendientes de pago.
- Francos compensatorios no reconocidos.
Críticas a la gestión provincial
El documento gremial también elevó el tono político al recordar que la actual administración hospitalaria forma parte de una gestión provincial que ya lleva más de dos años y medio en funciones bajo el mandato del gobernador Rogelio Frigerio. En ese sentido, reprocharon que las deficiencias estructurales, la falta de insumos y el recorte presupuestario se hayan agudizado en lugar de resolverse.
Finalmente, el comunicado firmado por la conducción local de ATE exigió el cese inmediato de los señalamientos mediáticos y demandó una rectificación pública por parte de las autoridades. El sindicato aclaró que no tolerará causas armadas ni sanciones disciplinarias arbitrarias, y concluyó que «disentir y organizarse sindicalmente no convierte a ningún trabajador en delincuente».
