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La Justicia ordena el cierre y la relocalización del basural de Colon La sentencia condena de forma conjunta a la Municipalidad y al Gobierno provincial. El predio actual deberá cerrarse definitivamente en un plazo máximo de 18 meses y se exige un plan de mitigación del daño ambiental.
COLÓN, ENTRE RÍOS – En un fallo con precedentes significativos para la gestión de residuos en la región, el juez Arieto Alejandro Otogalli hizo lugar a la acción de amparo presentada por la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje y un grupo de vecinos. La resolución judicial obliga a la Municipalidad de Colón y a la Provincia de Entre Ríos a trasladar el depósito de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a un sitio que cumpla con las normativas ambientales vigentes.
Plazos estrictos para la relocalización
La Justicia estableció una hoja de ruta con plazos perentorios para garantizar el cumplimiento de la sentencia:
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En 6 meses: Las autoridades deberán presentar un plan integral que incluya la ubicación del nuevo predio (auditado y con factibilidad técnica), el cronograma de obras y la modalidad del traslado.
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En 18 meses: Se fijó este tiempo como el plazo máximo para el cierre definitivo del actual basural.
Medidas de seguridad e higiene inmediatas
Debido a la precariedad del predio actual, el juez ordenó acciones urgentes para proteger a la población circundante. En un plazo de apenas 15 días, el municipio deberá realizar una separación física de al menos 15 metros mediante alambrados y limpieza entre las viviendas existentes y el inicio del depósito de basura.
Además, se exigió el cerramiento perimetral total para impedir el ingreso de personas ajenas y la implementación de controles estrictos para evitar nuevos focos ígneos (incendios) que afecten la salud de los vecinos.
Mitigación y recuperación del terreno
El fallo no solo mira hacia el futuro traslado, sino que también aborda las consecuencias del uso actual del suelo. El municipio deberá presentar un cronograma de tareas destinadas a la mitigación del daño ambiental ya causado y actividades para recuperar el área de ocupación y sus zonas aledañas, basándose en las pericias ambientales realizadas durante el proceso judicial.
Finalmente, la sentencia prohíbe la radicación de nuevas viviendas en las cercanías del predio afectado, encomendando a las autoridades la ejecución de tareas de seguridad para evitar que el avance urbano complique aún más la situación sanitaria de la zona.
