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Por (Milton Luaces)
Este martes, el centro porteño será escenario de una nueva puesta en escena de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Intendentes de todo el país, entre ellos la paranaense Rosario Romero, marcharán al Ministerio de Economía para exigir la restitución de fondos, coparticipación y obra pública. El argumento suena lógico en los papeles: la inflación asfixia y los recursos no alcanzan. Sin embargo, cuando se raspa la superficie del discurso, la realidad local de nuestros municipios entrerrianos deja al descubierto una gestión de prioridades, cuanto menos, cuestionable.
Resulta casi gracioso si no fuera porque se hace con el dinero del contribuyente escuchar a Rosario Romero afirmar con solemnidad: “Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”. Es una frase audaz, especialmente cuando todavía está fresco el recuerdo de un verano donde las ciudades entrerrianas parecieron funcionar en «piloto automático» mientras el dinero «que no hay» fluía generosamente hacia fiestas populares, eventos millonarios y monumentos innecesarios.
¿Mala administración o prioridades invertidas?
El diagnóstico de los intendentes es que la Nación los está ahogando. Pero el ciudadano de a pie se pregunta: si la situación es tan terminal, ¿cómo se explican los subsidios a eventos masivos y las contrataciones de artistas de cachet exorbitante mientras las calles de los barrios siguen esperando el bacheo o la luminaria básica?
Es muy raro ver cómo los servicios esenciales pasan a un segundo plano bajo el pretexto del «ajuste nacional», mientras la caja municipal sigue abierta para lo que brilla en las fotos de redes sociales. Es fácil marchar a pedir más coparticipación cuando ya se gastó lo propio en lo que no era urgente.
El mensaje a la Nación y la realidad en el barrio
La intendenta de Paraná advierte que si las ciudades no pueden prestar servicios, «la gente va a empezar a mirar a la Nación». Lo que Romero parece olvidar es que la gente ya está mirando; pero no solo a la Casa Rosada, sino a sus propias municipalidades. El vecino ve el pozo en la esquina de su casa, el camión de basura que no pasa y la falta de insumos básicos, y luego lee en el diario sobre presupuestos millonarios destinados a la «cultura del evento» o a embellecer centros urbanos que ya estaban bellos.
Reclamar fondos es legítimo, pero hacerlo bajo la bandera de la «buena administración» requiere una autocrítica que hoy brilla por su ausencia. Antes de golpear las puertas de Capital Federal para pedir auxilio, los intendentes deberían explicar por qué, cuando el dinero escasea, lo último que se recorta es la fiesta y lo primero que se resiente es el servicio básico al ciudadano.
Al final del día, el problema no parece ser solo cuánto dinero entra, sino en qué se elige gastarlo.
