La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos: Una bomba de tiempo que ya no admite parches

La realidad política suele esconderse en las planillas de Excel que nadie quiere mirar, hasta que los números gritan. Los datos recientes a los que tuvo acceso Página Política sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no son solo estadísticas: son la radiografía de un sistema que cruje bajo el peso de décadas de desidia y falta de previsión.

El diagnóstico que maneja la gestión de Rogelio Frigerio es brutal. En los últimos 23 años, el número de beneficiarios se duplicó —pasando de 32.269 en 2003 a más de 66.000 en 2026—, pero los recursos decidieron tomar el camino contrario. Hoy, el sistema sobrevive con una relación de 1,82 activos por cada pasivo, una cifra que condena a cualquier esquema previsional al abismo, considerando que el mínimo técnico para la sostenibilidad es de tres a uno.

Resulta alarmante confirmar que, hasta hace poco, la provincia ni siquiera contaba con los balances firmados de la Caja desde 2020. Ese «olvido» administrativo no fue gratuito: fue el principal obstáculo para que la ANSES transfiriera los fondos que, por ley, le corresponden a una provincia que no transfirió su caja a la Nación.

Hoy, la estrategia oficial apunta a que el organismo nacional sea el principal salvavidas. Sin embargo, mientras se auditan deudas históricas y se tramitan fondos en los pasillos de Buenos Aires, el agujero mensual de 31.011 millones de pesos lo siguen cubriendo todos los entrerrianos con sus impuestos. El aporte propio apenas alcanza para cubrir el 61,7% de los beneficios. El resto es puro déficit.

El informe pone el foco en un dato sensible: la feminización del sistema. El Consejo de Educación, el escalafón más numeroso, tiene un 83,2% de mujeres. Aquí reside una de las discusiones más incómodas que el gobierno parece dispuesto a dar: la paridad de género en la edad jubilatoria.

En un mundo que tiende a la igualdad, Entre Ríos mantiene regímenes donde las docentes pueden retirarse a los 52 años. La propuesta de la reforma no busca obligar, sino seducir: dar la opción de seguir trabajando o continuar aportando hasta la edad ordinaria. La pregunta es si la política tendrá el coraje de tocar este «derecho adquirido» en pos de la supervivencia del todo.

Quizás el punto más irritante de este diagnóstico sea la herencia de las privatizaciones del Banco de Entre Ríos y Epeer. Durante dos décadas, el Estado provincial ha cubierto el vacío dejado por activos que pasaron a aportar a Nación, pero cuyos pasivos quedaron a cargo de la provincia sin una reserva actuarial. Son 60.000 millones de pesos al año que se evaporaron por falta de responsabilidad política en el pasado. Un costo hundido de casi 1.000 millones de dólares que hoy pagamos todos.

Esta semana es clave. Gastón Bagnat, titular de la Caja, se sienta con gremios y legisladores de la oposición. El gobierno busca un acuerdo antes de que el calendario electoral de 2027 empiece a nublar la visión de los dirigentes.

La reforma de la Caja de Jubilaciones ya no es una opción de gestión; es una necesidad de supervivencia financiera para Entre Ríos. El sistema es hoy un gigante con pies de barro, sostenido por parches estatales y promesas de auditorías nacionales. La pregunta no es si hay que reformar, sino quién asumirá el costo político de decir la verdad antes de que el sistema, finalmente, deje de pagar.